Gobierno romano

La civilización occidental se encuentra en eterna deuda con los antiguos pueblos de Grecia y Roma. Entre las numerosas contribuciones aportadas por estas sociedades se encuentran las artes, la literatura y la filosofía; sin embargo, quizá el mayor legado conferido a las futuras generaciones fue un nuevo concepto de gobierno. La idea contemporánea de democracia, aunque nacida de las luchas políticas que tenían lugar en la ciudad de Atenas, alcanzó su fructificación en la República romana y sobrevivió al Imperio a pesar de las interferencias del emperador. Aunque la definición actual de democracia ha cambiado de manera significativa, su evolución inicial en Roma, la ciudad eterna, debe ser objeto de reconocimiento.

Del gobierno monárquico al representativo

La República romana surgió de lo que los historiadores denominan «las cenizas de la monarquía». Los años vividos bajo el atenazador yugo de un rey enseñaron al pueblo de Roma que debía protegerse del dominio y posible opresión ejercidos por una persona. La verdadera autoridad o imperium de la república luego devenida imperio, debía dividirse en tres componentes básicos: las magistraturas no hereditarias escogidas mediante sufragio, el senado como consejero e instancia de aprobación, y las asambleas populares. Por desdicha para muchos romanos, en la etapa inicial de la república el poder yacía de modo exclusivo en las manos de la élite, las viejas familias terratenientes, los patricios. El resto de la población de la ciudad, constituida en su mayor parte por los plebeyos, tenía pocos o ningún derecho. Esta desigual distribución del poder no duraría mucho.

Los cónsules

Como alternativa a una monarquía, y para protegerse del despotismo, el nuevo gobierno escogía dos cónsules que no eran elegidos por el pueblo, sino designados por la asamblea popular, nombrada Comitia Centuriata. Cada cónsul prestaba servicio por un período no consecutivo de un año, aunque transcurrido un tiempo podía servir un segundo o un tercer término. Como jefes de estado los cónsules asumían el supremo poder ejecutivo político y militar, dirigían el ejército, presidían el senado, y proponían leyes; sin embargo, como medida preventiva, cada cónsul podía vetar la decisión del otro, maniobra conocida como intercessio. Como símbolo de su autoridad vestían togas tradicionales de lana con borde púrpura, ocupaban un asiento especial, la sella curulis, y eran atendidos por al menos seis asistentes especiales o lictors. Su emblema era un mazo de varas y un hacha, en latín fasces. Al concluir su mandato anual rendían cuentas a la asamblea popular sobre las decisiones y acciones efectuadas en el período. Muchos cónsules lograban extender sus deberes mediante el ascenso al cargo de procónsules, los gobernadores de las numerosas provincias romanas. Al principio solo los patricios podían acceder a la posición de cónsul, pero en el 367 a.C. los plebeyos pasaron a ser elegibles, y en el 342 a.C. la legislación obligaba a que uno de los dos cónsules fuera plebeyo. Entre las más famosas figuras que sirvieron como cónsules se encuentran Julio César, Marco Licinio Craso, Pompeyo el Grande, y Marco Antonio.

El senado

A diferencia de otros cuerpos parlamentarios posteriores, el senado romano tenía poca, si es que alguna, autoridad legislativa, puesto que el poder estaba en manos de las asambleas populares. En sus inicios accesible solo a los patricios, el senado poseía auctoritas, que podría calificarse como un poder ejecutivo indirecto. A pesar de que por ley no tenía poder, podía ejercer notable influencia, debido a que actuaba como organismo consultor para los cónsules y los emperadores que se sucedieron. Los miembros de este cuerpo conservador no recibían remuneración y su cargo era vitalicio, a menos que se hallaran culpables de haber incurrido en un comportamiento indecoroso en el ámbito público o en el privado. A los senadores se les prohibía ejercer actividades bancarias y participar en el comercio con el extranjero.

El senado romano se mantuvo bajo el dominio de las clases acaudaladas a lo largo de la mayor parte de su existencia. Por otra parte, aunque su capacidad de influir en los líderes disminuyó con el tiempo, en particular durante el reinado de los emperadores, la cantidad de miembros de la sagrada institución experimentó variaciones. Durante la época de los reyes, mientras ejercía funciones de consejo o patres et conscripti, su número se estabilizó en 100 miembros; sin embargo, más tarde, bajo Tiberio y Cayo Graco en el siglo II d.C., la cifra aumentó a 300. Una centena de años después Sila, quien abrigaba la esperanza de promulgar importantes reformas sobre la tierra, multiplicaría el número por tres hasta contar 900. Aunque Julio César añadió otros 100 para expandirlo a 1000, el emperador Augusto fijó en 600 el tamaño de la membresía.

Si bien el senado careció de verdadera autoridad legislativa, es incuestionable que asumía responsabilidades fundamentales que hacían que su opinión resultara esencial para el funcionamiento del gobierno romano. Ante todo, los senadores no solo debatían la política doméstica y la exterior, sino que además supervisaban las relaciones con las potencias extranjeras, dirigían la vida religiosa de Roma y, más importante aún, controlaban las finanzas del estado. Al principio, tras la caída de la monarquía, el cónsul designaba a los senadores, pero al aprobarse la Lex Ovinia en el siglo IV a.C. la facultad de añadir nuevos miembros se transfirió al censor. Las sesiones del senado se convocaban por los magistrados, quienes proveían la agenda de los tópicos a tratar. Además, debido a que las reuniones se efectuaban en privado para evitar el escrutinio público y a que la libertad de palabra no estaba restringida, los senadores podían expresar sus opiniones individuales; el concepto se conocía como senatus consultum.

El poder de influir tanto en las opiniones de los magistrados como del público estimuló el surgimiento de algunos senadores prominentes, entre los cuales se encontraban Catón el Viejo, su nieto Catón el Joven, Marco Junio Bruto, y por último, Marco Tulio Cicerón. El primero, Marco Porcio, conocido por la historia como Catón el Viejo o Catón el Censor, fue un excepcional orador y estadista. Aunque se recuerda por sus opiniones acerca de la decadente moral de la república, es más conocido por el grandilocuente discurso que pronunció ante el senado en los tiempos finales de las guerras púnicas. Cartago, dijo, debe ser destruida: «Cartago delenda est». Por supuesto, al final Roma llevaría a efectos su sugerencia, y a la postre arrasaría a la derrotada ciudad. Catón el Joven siguió el ejemplo de su abuelo. Defensor de Pompeyo e insistente crítico de Julio César, escogió el suicidio para no sucumbir al dictador. A continuación su yerno, Bruto, junto con los senadores Décimo, Cimbro, y Cayo Trebonio participaron en el asesinato de Julio César. Por último está el famoso orador, abogado, y político Cicerón, otro acérrimo crítico de César e idealista defensor de la república. Aunque no participó en la muerte de César, apoyó y pidió clemencia para sus asesinos. Cicerón huyó de Roma, pero perseguido por Octavio, hijo adoptivo y heredero de César, murió asesinado.

Las asambleas

La autoridad para aprobar leyes se otorgó a varias asambleas populares en vez de al senado. Primero, existía un cuerpo legislativo que databa de la época de los reyes, nombrado Comitia Curiata, que evolucionó y se transformó en Comitia Centuriata. A continuación estaba el Concilium Plebis, que representaba a los plebeyos, y por último, también de los tiempos de la monarquía, existían varias asambleas tribales más pequeñas.

Aunque muchos pueden considerar que estas asambleas no eran en verdad democráticas, lo cierto es que mantuvieron en sus manos el poder del pueblo hasta el surgimiento del imperio. Tras la caída de la monarquía, la Comitia Curiata original, que representaba a las tres tribus principales, perdió el derecho de aprobar leyes, pero retuvo de manera temporal la autoridad de lex curita de imperio, que le permitía confirmar los nombramientos de los magistrados. La asamblea Curiata también legitimaba la designación de sacerdotes, así como las adopciones y los testamentos; sin embargo, con el tiempo pasó a tener un carácter que en lo fundamental era ceremonial, y en su lugar surgió la muy conservadora Comitia Centuriata, otra asamblea cuyas bases descansaban en la riqueza de sus miembros. La membresía de este nuevo cuerpo totalizaba 193 centurias, o grupos de 100 hombres. Cada centuria votaba en bloque, lo cual resultaba en que al ser mayor el número de las acaudaladas, sus votos excedían en cantidad a los emitidos por las más pobres. A diferencia de las demás asambleas que se reunían en el foro, la Centuriata se congregaba en el Campo de Marte, el Campus Martius, en las afueras de la ciudad. Las obligaciones de la Centuriata incluían la elección de los diferentes magistrados: cónsules, pretores y censores; la aprobación de leyes, las declaraciones de guerra y de paz, y las solicitudes de pena de muerte para los romanos inculpados de delitos políticos.

Aparte de la Centuriata existían el Concilium Plebis, Consejo de la Plebe, y las Comita Tributa, las asambleas tribales. Como se explicará, el Consejo de la Plebe se originó a partir del así llamado Conflicto de las Órdenes, y representaba los intereses de los plebeyos. Al igual que ocurría con otras asambleas, su voto respondía a intereses tribales, donde cada tribu emitía un único voto. Aprobaban leyes o plebiscitos que al principio solo incumbían a los plebeyos, si bien a la postre pasaron a ser vinculantes para todos los ciudadanos. Designaban a los tribunos, tribuni plebis, y celebraban juicios relacionados con contravenciones cuya importancia no fuera capital. La ley requería que cada plebeyo hiciera un juramento, en latín pomerium, en el que se comprometían a apoyar las decisiones de los tribunos.

Añadido a lo anterior, existían asambleas tribales integradas de conjunto por patricios y plebeyos. Estas asambleas estaban divididas en 35 tribus, agrupadas según sus linajes y podían ser citadas por un cónsul, pretor, o tribuno. Se ocupaban de asuntos públicos de menor categoría y elegían a los cuestores, ediles, y tribunos militares. Ejercían el voto sobre las leyes propuestas por los magistrados, y funcionaban como tribunal de apelaciones para casos de menor relevancia.

Durante la época de la república las distintas asambleas constituían la voz de los ciudadanos de Roma, y aunque no eran por completo democráticas según la definición actual de la palabra, permitían que al menos una parte de la ciudadanía romana fuera escuchada. Las asambleas resultaban esenciales para el gobierno romano; su importancia alcanzaba tal magnitud que el ejército inscribía en sus estandartes militares la sigla SPQR: Senatus Populusque Romanus, Senado y Pueblo Romano.

Los tribunos y el gobierno de ley

Como puede comprenderse, al principio la autoridad real de la república se encontraba en manos de los patricios; sin embargo, tal poder no podía quedar bajo su control, como más adelante se hizo patente. Los plebeyos, que constituían la mayoría del ejército y quienes realizaban el trabajo efectivo, se rebelaban, entraban en huelga, y exigían del gobierno atención equitativa a sus demandas. De esta lucha surgió el conflicto de los órdenes, una «guerra» de clases que se prolongó desde el 494 hasta el 287 a.C. A consecuencia de los enfrentamientos se logró la introducción de un cambio significativo: la creación de la asamblea de los plebeyos, o Concilium Plebis. Mediante este nuevo congreso los plebeyos podían elegir tribunos, quienes, al igual que los cónsules, servían por un período de un año. Su función principal era defender los derechos de la plebe frente a los abusos de los patricios. Los deberes de los tribunos eran muy parecidos a los de los cónsules, pero además podían vetar las decisiones de los magistrados concernientes a los plebeyos. Más adelante, para mayor protección de los derechos de la plebe, se aprobó el código de las Doce Tablas, también nombradas las Diez más las Dos, que constituyó el primer registro de las leyes romanas, debido a que hasta entonces la constitución no se había recogido por escrito. Durante el siglo IV a.C. todos los ciudadanos disfrutaban el derecho de provocatio populum, que permitía apelar las decisiones de los magistrados, y en 287 a.C. la Lex Hortensia promulgó que las leyes aprobadas por el Concilium Plebis eran vinculantes para todo el pueblo, incluidos los patricios.

Los magistrados: pretores, cuestores y ediles

Desde los primeros años de la república los cónsules comprendieron que necesitaban magistrados de menor categoría para supervisar las distintas funciones administrativas; la idea no era nueva, pues algunos de estos cargos habían existido subordinados al rey. Más adelante muchos individuos utilizarían estas posiciones de menor rango como camino para obtener un consulado, el llamado cursus honorum. De los magistrados de menor categoría los pretores ocupaban el escalón más alto, y eran los únicos, además de los cónsules, que estaban investidos de poder imperial, con autoridad para presidir el senado y dirigir el ejército. En adición a sustituir a los cónsules al ausentarse estos, su función oficial era la de supervisar las obligaciones judiciales de la república, con jurisdicción comunitaria y provincial.

Los cuestores desempeñaban la función de atender las finanzas. Desde el cargo de quaestores aerarii controlaban el tesoro ubicado en el Foro de Roma, y cobraban impuestos y tributos. La posición de edil también se consideraba de relevancia; al principio designado para administrar los templos, sus deberes se expandieron durante los primeros años de la república, pero el puesto desapareció a comienzos del imperio. Sus múltiples responsabilidades comprendían supervisar los registros públicos y administrar las obras públicas, entre las cuales se incluía la atención a los caminos, el suministro de agua y el aprovisionamiento de alimentos. También tenía la obligación de diligenciar los mercados, festivales y juegos. En adición a lo anterior, debido a la exigencia de los miembros del senado y del Concilium Plebis de mantener el secreto de sus sesiones frente el escrutinio público, los ediles actuaban como custodios de sus actas.

Los censores y el magister populi

A continuación se encontraba el censor, puesto que a menudo era ocupado por ex cónsules. Para muchos servidores públicos el culmen de la carrera personal se alcanzaba con el nombramiento de censor. Bajo el rey y más tarde en la república, el ejercicio del cargo comprendía supervisar la moralidad pública y realizar el censo, en el cual no solo se registraban los ciudadanos, sino también sus propiedades. Elegido cada cuatro o cinco años por un término de dieciocho meses, la popularidad del puesto entre los ex cónsules se debía a que proporcionaba varias ventajas singulares. Su autoridad abarcaba la realización del censo, otorgaba la potestad de reconvenir a las personas o incluso descalificarlas para el voto, y aprobar todos los contratos de obras públicas. Apio Claudio, uno de los más notables entre los primeros censores, ordenó la fabricación del primer acueducto, y supervisó la construcción de la Vía Apia, la carretera que unía a Roma con Capua. Otro, Catón el Viejo, consideraba que en Roma la moral se encontraba en decadencia y como resultado despidió a varios senadores romanos bajo la suposición de haber mantenido conductas inapropiadas.

Por último, no se debe dejar de mencionar a un agente «público» único, si no peculiar: el dictador o magister populi. En tiempos de emergencia extrema, se designaba a este funcionario por un período de servicio de seis meses; su autoridad, aunque ejercida por un breve lapso, era absoluta. La última persona en ocupar este cargo fue Julio César, cuyo nombramiento vitalicio fue aprobado por el senado. Por desdicha para César, el significado de «vitalicio» se redujo hasta la llegada de los idus de marzo. Su muerte trajo asociado el final de la república.

Los emperadores

A medida que Roma expandía sus fronteras septentrionales hacia la Galia, se extendía hacia el este por Asia, y en dirección sur se internaba en África, el gobierno de la república no alcanzaba a hacerle frente a la situación, lo que produjo la entrada en escena de Augusto, el primer emperador, y el nacimiento del imperio. Las asambleas populares poco menos que desaparecieron bajo su omnímodo poder, y las funciones del senado pasaron a ser cada vez más ceremoniales, al punto de quedar restringidas a respaldar sus supremos deseos. El senado le otorgó a Augusto la más alta autoridad ejecutiva, con poderes de consular imperium y tribunicia potestates, muy superiores a los de los cónsules y tribunos. No solo quedaba bajo su exclusiva potestad la introducción de nuevas legislaciones y la capacidad de vetar leyes, sino también la de comandar el ejército. Con el consentimiento del senado Augusto se adjudicó el título de princeps, «primer ciudadano». Para mantener su autoridad y protegerse de sus propios idus de marzo creó la Guardia Pretoriana, que el senado aprobó sin chistar. Así todo, no resulta ocioso recordar que Calígula, el emperador, fue destronado por esa misma fuerza armada.

Augusto también intervino en la religión del imperio. En su intento de purificar la relajada moralidad de Roma decidió resucitar la antigua «religión» mediante el recurso de reconstruir los deteriorados templos, revivir las viejas ceremonias y asumir el título de Pontifex Maximus, Sumo Pontífice. Para el ciudadano promedio Augusto era la personificación del padre de la nación, pater patriae. A la postre, esta cuasi adoración del emperador se transformaría en culto imperial. Durante el imperio los deberes del gobierno eran simples: mantener la paz y el orden, la Pax Romana.

Conclusión

El gobierno romano de la vieja república creó un singular sistema de división del poder que actuaba como salvaguardia frente al intento de opresión ejercido de manera unipersonal. El poder, en su mayor parte, residía en el público votante. Si bien es cierto que no era perfecto de ninguna manera, permitía que una porción de la población opinara sobre la gestión del gobierno. Existían funcionarios escogidos mediante sufragio y un cuerpo representativo. Por supuesto, mientras hubiera juegos, festivales, y granos, el ciudadano romano promedio se encontraría feliz. Bajo el emperador el gobierno cambió, y su figura pasó a ser la instancia decisoria suprema: la última palabra la pronunciaba el emperador. Si se compara el contexto de la época con las formas contemporáneas de gobierno y a pesar de sus limitaciones se toman en cuenta los elementos representativos que incorporaba, Roma, sin duda, destaca como sobresaliente ejemplo de una exitosa forma de gobierno de la antigüedad.