La sociedad en el Reino de Francia en el período del Ancien Régime estaba dividida en tres estados o clases sociales: el clero, la nobleza y el pueblo llano. Esas clases, y sus correspondientes dinámicas de poder, que tenían su origen en el orden tripartito de la sociedad feudal medieval, eran el tejido en que estaba estructurado el reino.
Durante el reinado de Luis XVI (que se desarrolló entre 1774 y 1792), los dos primeros estados gozaban de unos privilegios importantes con respecto al tercero, a pesar de que este representaba a más del 90% de la población de Francia y de que pagaba la mayor parte de los impuestos. El tercer estado estaba dividido a su vez entre la clase media emergente, conocida como burguesía, y la clase trabajadora, cada vez más empobrecida, que fue denominada como sans-culottes. Al empeorar la desigualdad social, las tensiones entre los estados y la Corona, así como entre ellos mismos, serían una de las causas más significativas de la Revolución francesa (1789-1799). A partir la asamblea de los Estados Generales, en mayo de 1789, las clases sociales quedarían como un tema dominante a lo largo de la Revolución.
Antecedentes: el orden tripartito
Tras el colapso final del Imperio romano de Occidente en el 476 d.C., el vacío resultante en Europa dio origen al feudalismo, el sistema jerárquico basado en las propiedades territoriales, o feudos, como fuentes de poder. Hacia el 900 d.C., aproximadamente el 80% de la superficie europea cultivable estaba en manos de señores y sus familias, que habían conseguido la propiedad a través de herencias o de la fuerza militar. Esta clase dirigente de terratenientes, conocida como nobleza o aristocracia, gobernaba sobre los siervos, que trabajaban las tierras del señor a cambio de protección militar. Normalmente, esos siervos estaban vinculados a las tierras que trabajaban. La Iglesia medieval ejercía su influencia sobre ambos grupos, con miembros del clero procedentes de uno u otro. Al menos tres cuartos de los obispos y altas jerarquías del clero medieval provenían de la nobleza, mientras que la mayoría del bajo clero de las parroquias procedía de familias campesinas.
Conocido como orden tripartito, los vocablos latinos para los tres grupos sociales eran:
- Oratores – los que rezan
- Bellatores – los que luchan
- Laboratores – los que trabajan
Muchos pensadores de los siglos XI y XII opinaban que esta era la jerarquía natural de la humanidad; los que rezaban merecían su lugar de privilegio e influencia como protectores de las almas de la comunidad, mientras que los que luchaban merecían el suyo por ser quienes ofrecían estabilidad y protección. Los siervos trabajaban los campos de sus señores y pagaban sus impuestos, completando el último lado del triángulo feudal de dependencias recíprocas.
Este orden tripartito no es completamente exacto, porque no tiene en cuenta a las personas corrientes más ricas, como los maestros artesanos y los mercaderes, y los que trabajaban en las ciudades. Al expandirse ese grupo, compuesto también por financieros, empresarios, profesionales laicos y abogados, se hizo mayor la diferencia entre esos laboratores más ricos y los que todavía vivían como siervos, y nació un subgrupo de los laboratores, los burgueses.
El Primer y Segundo Estado: el clero y la nobleza
En 1789, en vísperas de la Revolución, los tres Estados del reino todavía constituían el tejido de la sociedad francesa. Aparte del propio rey, que era conocido como “el primer caballero del reino”, cada francés estaba ubicado en uno de los tres estados (Doyle, 28). Según el historiador francés Georges Lefebvre, del total de 27 millones de personas que vivían en Francia en 1789, no más de 100.000 pertenecían al Primer Estado, mientras que aproximadamente 400.000 pertenecían al segundo. Eso dejaba una abrumadora mayoría de unos 26,5 millones de personas para el tercer estado.
El Primer Estado ostentaba una cantidad significativa de poder y privilegios en la Francia del Ancien Régime. Como el rey afirmaba que su autoridad procedía del derecho divino a gobernar, la Iglesia estaba estrechamente vinculada a la Corona y a las funciones de gobierno. El poder político y social de la Iglesia galicana alcanzaba a todo el reino. Desde la revocación del Edicto de Nantes, en 1865, los franceses eran considerados automáticamente como católicos, y todos los registros de nacimiento, fallecimiento y matrimonio estaban en manos de los párrocos. Casi todo el sistema educativo de Francia estaba controlado por la Iglesia, que también tenía el monopolio de la atención a los pobres y hospitalaria. La Iglesia también tenía poder de censura sobre cualquier cosa impresa legalmente. El catolicismo, según garantizaba la Iglesia galicana de Francia, era tan importante que “sin los sacramentos católicos los súbditos del rey no tenían existencia legal; sus hijos eran considerados bastardos y no tenían derechos hereditarios” (Lebebvre, 8). Solo en los años inmediatamente anteriores a la Revolución comenzaron por fin los protestantes franceses a ver sus derechos reconocidos en cierto modo.
El clero francés estaba organizado como una institución formidable, habían creado una asamblea general que se reunía cada cinco años para supervisar los intereses de la Iglesia. Dicha asamblea, que representaba a todo un estamento, era exclusiva del Primer Estado en la época, ya que atribuía al clero sus propios tribunales de justicia. Esa forma de organización permitió a la Iglesia derrotar cualquier intento por parte del gobierno de limitar sus privilegios financieros y, como resultado, los clérigos no estaban obligados a pagar ningún impuesto al Estado. En vez de eso, la Iglesia donaba rutinariamente una cierta cantidad de dinero a la Corona, y a veces tomaba dinero prestado en nombre del Estado, asumiendo los intereses.
El Primer Estado recaudaba diezmos de las tierras de su propiedad, que era muy extensa en el norte de Francia. En conjunto, las tierras pertenecientes a la Iglesia constituían aproximadamente la décima parte de todo el territorio del reino. Además, los obispos, abades y capítulos ostentaban señoríos sobre algunas poblaciones y recaudaban impuestos feudales.
El Segundo Estado también disfrutaba de muchos privilegios. Algunos eran puramente honoríficos, como el derecho de los nobles a llevar una espada, mientras que otros eran de mucha mayor utilidad, como la exención de la nobleza del pago del impuesto básico directo conocido como taille. La justificación de esa inmunidad era que los ancestros de los nobles habían arriesgado sus vidas para defender el reino, pagando el llamado “impuesto de sangre”, y por tanto no se esperaba que también contribuyeran con dinero. Pero, a diferencia del clero, la nobleza no estaba exenta de todos los impuestos, porque en el reinado de Luis XVI (que duró de 1774 a 1792) tenían que abonar los impuestos al sufragio y el vingtième (veinteava parte), este último consistente en la obligación de todos los ciudadanos franceses de pagar el 5% de sus ingresos netos. Pero esas obligaciones fiscales, según Lefebvre, eran diluidas por los privilegios de la nobleza, por lo que no representaban una carga financiera excesiva.
Bajo el Ancien Régime, la nobleza todavía constituía la clase gobernante, a pesar de que parte de su influencia y poder había sido erosionada por la centralización de la autoridad por parte de la Corona, durante el reinado del rey Luis XIV (de 1643 a 1715). En 1789, la nobleza controlaba personalmente una quinta parte del territorio del reino, de la que recaudaba sus derechos feudales. Considerados como imbuidos de un derecho natural a gobernar basado en el nacimiento, los aristócratas ostentaban todos los altos cargos administrativos, militares y casi la totalidad del gabinete real; una notable excepción fue Jacques Necker (1732-1804), un protestante suizo cuyo nombramiento como ministro de finanzas de Luis XVI provocó un enorme revuelo.
Pero durante el reinado de Luis XVI muchos miembros de la alta nobleza gobernante se vieron apartados del poder. En una sociedad donde este venía determinado por la proximidad al rey, resultaba importante, para los que aspiraban a un alto cargo, mantener la presencia en la corte del Palacio de Versalles, lo que representaba un gasto importante. Además, el crecimiento de una clase burguesa adinerada creó una oleada de nueva nobleza, porque los ricos burgueses compraban cargos, que ennoblecían a sus poseedores, y casaban a sus hijas con miembros de familias nobles. La mitad de la nobleza no estaba en mejor situación económica que el promedio de la clase media burguesa, e incluso muchos eran más pobres. Parte de la alta nobleza, bautizada como la nobleza de espada, se volvió celosa de la nueva clase administrativa y opulenta de nobles, conocida como nobleza de toga, a la que veía como unos simples plebeyos burgueses presumidos.
Para proteger el futuro de la nobleza de espada, el gobierno francés aprobó, en 1781, la Ordenanza Ségur, que impedía asumir un cargo de oficial militar a quien no pudiera demostrar un linaje noble como mínimo de cuatro generaciones. Como la carrera militar era una vía muy popular para lograr prestigio y estima, eso indignó a los escalones más altos del tercer estado. Al mismo tiempo, la antigua nobleza comenzó a seguir el ejemplo de la burguesía emergente, y algunos se implicaron en negocios, comprando acciones de industrias, otorgando concesiones mineras en sus propiedades, o especulando con las tierras.
El Tercer Estado: las clases burguesas y trabajadoras
Lejos del término claramente definido de “los que trabajan”, que describía el tercer orden feudal, el Tercer Estado de la Francia borbónica era un conjunto caótico que incluía desde los plebeyos más ricos del reino hasta los mendigos más pobres. Representaba más del 90% de la población, pero la situación de los que ocupaban los niveles superiores era completamente diferente de la de los inferiores. El primer subgrupo comprendía las clases altas y medias, conocidas como burguesía, mientras que el segundo se refería a la clase trabajadora y los desempleados. Durante la Revolución, este último grupo fue conocido como los sans-culottes (literalmente "sin calzones"), un nombre que denotaba su pobreza, porque solamente la nobleza y la burguesía acomodada llevaba culottes, unos calzones de seda a la moda.
La burguesía era una clase en continuo crecimiento. En 1789, unos dos millones de personas entraban dentro de esa categoría, más del doble que medio siglo antes. Controlaban una parte muy importante de la riqueza de la nación; la mayor parte del capital industrial y comercial, casi la quinta parte de toda la riqueza privada de Francia, pertenecía a los burgueses, al igual que una cuarta parte de la tierra y una parte significativa de las propiedades del gobierno. Los burgueses más ricos vivían vidas de lujo, no muy diferentes al estilo de vida de los nobles. La moda, para una familia burguesa que aspirara a subir en la escala social, era llevar vestidos de seda, beber café importado de las Indias Occidentales, y decorar su casa con grabados y papel pintado. Según el académico William Doyle, fue principalmente el capital burgués el que construyó los teatros en París y Burdeos, así como el que financiaba los periódicos, las universidades y las bibliotecas públicas.
Doyle atribuye el crecimiento de la burguesía en el siglo XVIII a la repentina “extraordinaria expansión comercial e industrial” de dicho período (Doyle, 23). Las fortunas de las familias burguesas se originaban sobre todo en negocios y se garantizaban mediante inversiones seguras como la tierra. Al margen de los protestantes y los judíos, para los que la movilidad social estaba limitada, las familias burguesas raramente continuaban por más de una generación en el negocio que las había hecho ricas, y el dinero que no invertían en tierras se destinaba a la educación superior de los hijos. Con esa educación, “se abría el camino a las profesiones, en las que podían olvidarse los orígenes mercantiles” (Doyle, 24).
Alcanzar ese estatus era el objetivo de muchas familias burguesas, que con frecuencia se estancaban en este confortable rango social de la clase media. Aunque no todas se sentían satisfechas quedándose ahí, y los que disponían de suficiente dinero ambicionaban posiciones superiores. Cuando se agravó la crisis financiera durante el reinado de Luis XVI, el gobierno vendió unos 70.000 cargos públicos, que representaban en conjunto un valor de 900 millones de libras. Algunos de esos cargos venales llevaban consigo la nobleza, otros eran hereditarios, una vez adquiridos, pero todos aumentaban de forma notable la posición social. Mediante la adquisición de cargos ennoblecedores, más de 10.000 burgueses compraron su pasaje hacia la nobleza, durante el siglo XVIII.
Al enriquecerse los burgueses, los pobres se empobrecieron aún más. Los campesinos representaban el 80% de la población de Francia, y muchos de ellos vivían en el campo. La pobreza y el desempleo eran rampantes dentro de este grupo; incluso en el mejor momento, se estima que 8 millones de personas no tenían empleo, y en los malos tiempos se les podían añadir 2 o 3 millones más. El rápido crecimiento demográfico traía consigo una gran escasez de puestos de trabajo. Los salarios permanecieron estancados a lo largo del siglo, mientras que los precios se triplicaron. Una serie desafortunada de malas cosechas, que asoló Francia durante las décadas de 1770 y 1780, contribuyó a las calamidades de los granjeros, cuya seguridad económica estaba ligada directamente al éxito de las cosechas. Todo eso recayó sobre la clase trabajadora, que ya era la destinataria de la mayor parte de los impuestos.
Un flujo de campesinos llegó a las ciudades en busca de trabajo. En 1789, la población de París era de 600.000 personas, con el consiguiente aumento de la delincuencia, la mendicidad, el contrabando y la prostitución, dada la escasez de trabajos no cualificados. Muchos no tenían ninguna esperanza de llegar a desempeñar profesiones cualificadas, en las que carecían de experiencia, porque estas solían estar estrictamente organizadas. Los trabajos como sirvientes domésticos eran especialmente buscados, ya que normalmente implicaban alojamiento, comida y vestido, aunque su popularidad los hizo muy difíciles de encontrar.
Los sans-culottes eran menospreciados por los ricos, que veían a la mendicidad y la prostitución de las clases bajas como un signo de su depravación moral. Los monasterios redujeron los repartos de pan entre los necesitados, sobre la base de que esas limosnas estimulaban la holgazanería, mientras que los hospitales y las casas de caridad empezaron a recibir menos fondos. En 1783, Louis-Sébastien Mercier describía así la separación creciente entre los que tenían y los que no:
La distancia que separa a los ricos de otros ciudadanos crece diariamente… el odio se hace más agrio y el estado está dividido en dos clases: los codiciosos e insensibles, y los descontentos que murmuran. (Doyle, 23)
Los Estados Generales
Los Estados Generales eran una asamblea consultiva y legislativa compuesta por los tres estados. Aunque por sí mismos carecían de poder y podían ser convocados y disueltos por el rey a su voluntad, los Estados Generales permitían que se escucharan las voces de los estados presentando sus quejas y peticiones al rey y aconsejando a la Corona en temas fiscales. Convocados por vez primera en 1302 por el rey Felipe IV de Francia (que reinó de 1285 a 1314), los Estados Generales se reunirían de forma intermitente hasta 1614, año al que siguió una pausa de 175 años, un período que coincidió con el impulso dado, por parte de los reyes borbones, a la centralización del poder y la monarquía absoluta.
En ausencia de los Estados Generales, los estados no estaban totalmente a merced del rey. El primer estado tenía sus propias asambleas, que utilizaban para proteger sus intereses, mientras que la nobleza y la burguesía se basaba en los trece parlements franceses, que eran tribunales de apelación que supervisaban a las provincias. Aunque no tenían poderes legislativos oficiales, esos tribunales tenían métodos para controlar y limitar el poder real. Un edicto real tenía que ser validado por un parlement antes de entrar en efecto en su jurisdicción, y también mantenían un derecho a impugnar ciertos edictos que consideraban desfavorables. El rey podía darle la vuelta a eso emitiendo un lit de justice, que era una solicitud de entrada en vigor de sus edictos, independientemente de la validación por los parlements, aunque durante el siglo XVIII estos declararon ilegítimo ese poder, suspendiendo todas las funciones de los tribunales cuando el rey intentaba utilizarlo. El edicto era por tanto inaplicable hasta que se alcanzaba algún tipo de compromiso entre Corona y parlement.
Los parlements eran especialmente hostiles a las reformas fiscales. Con la excusa de proteger al ciudadano que pagaba los impuestos, impedían cualquier reforma que pudiera limitar los privilegios de la nobleza y de los burgueses adinerados. En 1770, Maupeau, el canciller de Francia, intentó acabar completamente con los parlements, para conseguir introducir una reforma fiscal. Pero no duró mucho, porque cuando Luis XVI ascendió al trono, en 1774, restauró el poder de los parlements, y Maupeau fue destituido.
En 1788, con Francia sumida en una crisis económica, Luis XVI se vio forzado a anunciar que los Estados Generales se reunirían al año siguiente para discutir una reforma fiscal. El anuncio causó gran expectación, especialmente tras revelarse que cada estado estaría representado por un número igual de delegados, igual que en la asamblea de 1614. Cuando el tercer estado pidió una representación doble, debido a su población muy superior, se le concedió. Eso finalmente no tuvo importancia, porque se anunció que cada estado recibiría solamente un voto colectivo cada uno, con lo que el voto único de los 578 representantes del tercer estado contaría igual que el de los otros dos.
Eso desvió la discusión de la reforma fiscal hacia el desequilibrio de poder en la sociedad. En enero de 1789, unos meses antes de que se reunieran los Estados Generales, el abate Emmanuel-Joseph Sieyès (1748-1836) publicó un panfleto titulado ¿Qué es el tercer estado?, en el que afirmaba que este era el único legítimo, porque estaba formado por la mayoría de la población francesa y pagaba la mayor parte de los impuestos. El Segundo y Tercer Estado, por tanto, eran una carga y debían ser abolidos. El panfleto de Sieyès, muy popular en los meses previos a los Estados Generales, ayudó a desviar la discusión hacia la creciente desigualdad en Francia.
Los tres Estados del reino, aunque formaban una nación, eran ampliamente diferentes en privilegios y poder. Esa disparidad, que fue el foco de la discusión de los Estados Generales de 1789, sería uno de los factores más significativos de la Revolución francesa.
